Firmar un contrato genera la expectativa legítima de que ambas partes cumplirán con lo acordado. Sin embargo, el incumplimiento contractual es una de las situaciones más comunes que enfrentan personas y empresas en Panamá. Saber qué pasos tomar desde el primer momento puede marcar la diferencia entre recuperar lo que le corresponde o perderlo definitivamente por no actuar a tiempo.
El Código Civil panameño, en su artículo 986, establece que los contratos son ley entre las partes y deben ejecutarse de buena fe. El incumplimiento se produce cuando una de las partes no ejecuta, ejecuta de manera defectuosa o ejecuta tardíamente la obligación pactada. La norma base que regula las consecuencias del incumplimiento se encuentra en el artículo 990 del Código Civil, que reconoce el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, más el pago de daños y perjuicios en ambos casos.
Reúna el contrato original firmado, cualquier adenda o modificación posterior, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, facturas, recibos de pago y cualquier comunicación relacionada con la obligación incumplida. En Panamá, la carga de la prueba recae sobre quien alega el incumplimiento, por lo que la evidencia documental es su principal herramienta.
Antes de acudir a los tribunales, es aconsejable —y en algunos casos obligatorio— poner en mora al deudor mediante una comunicación escrita fehaciente. Esta carta debe especificar: la obligación incumplida, el plazo para subsanar el incumplimiento y la advertencia de iniciar acciones legales. El envío por notaría o correo certificado crea constancia de fecha cierta. Esto es relevante para efectos del cómputo de intereses moratorios conforme al artículo 993 del Código Civil.
Muchos contratos en Panamá incluyen cláusulas penales que fijan anticipadamente el monto de los daños, o cláusulas compromisorias que remiten las disputas a arbitraje. Si su contrato tiene una cláusula de arbitraje, el camino no es el Órgano Judicial sino el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá u otro centro autorizado, conforme al Decreto Ley 5 de 1999. Ignorar esto puede hacer que su demanda judicial sea declarada inadmisible.
Si la negociación directa falla, la vía principal es demandar ante los Juzgados de Circuito Civil o ante el Juzgado Municipal, según la cuantía. El Código Judicial panameño y la Ley 53 de 2015 (Código Procesal Civil) regulan el procedimiento. A través de esta vía puede solicitar el cumplimiento forzoso del contrato, la resolución con devolución de lo pagado, y la indemnización por daños y perjuicios que incluye el daño emergente y el lucro cesante.
Si existe el riesgo de que el deudor dilapide sus bienes antes de que se dicte sentencia, puede solicitar medidas cautelares como el embargo preventivo de cuentas bancarias o bienes inmuebles, conforme a los artículos 547 y siguientes del Código Judicial. Actuar con rapidez en este punto puede ser decisivo para garantizar la ejecución futura de la sentencia.
Si el contrato consta en documento auténtico o el deudor reconoció la deuda, es posible acudir al proceso ejecutivo, que es más ágil que el ordinario y permite ejecutar bienes del deudor de forma más expedita. Los títulos ejecutivos están definidos en el artículo 1634 del Código Judicial.
La ley panameña permite reclamar el daño emergente (pérdida patrimonial directa sufrida) y el lucro cesante (ganancia que dejó de percibir por el incumplimiento), siempre que sean consecuencia directa y previsible del incumplimiento, conforme al artículo 991 del Código Civil. Si el contrato tenía cláusula penal, se aplica esta en lugar de la prueba de daños, salvo que se haya pactado lo contrario.
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El incumplimiento de contratos en Panamá tiene solución legal, pero requiere actuar con orden y prontitud. No ignore una situación de incumplimiento esperando que se resuelva sola: cada día que pasa puede dificultar la recuperación de pruebas y acercarle a la prescripción de su acción. Un abogado especializado puede ayudarle a elegir la estrategia correcta —negociación, arbitraje o litigio— según las particularidades de su contrato y las posibilidades reales de cobro.